En varios países de América Latina los gobiernos han optado por decretar la aplicación de ciertas medidas de seguridad e implementar ciertas prácticas de gestión IT para controlar la información y para mantener actualizado el inventario de hardware y software con el que cuentan, ya que, como en el caso de las entidades públicas, son recursos del Estado que deben permanecer fiscalizados.

Tal es el caso de Perú, donde se expidió un decreto supremo en el que se deben regular las prácticas para la implementación de software legal, lo cual obligó a los gerentes de IT de las entidades gubernamentales a tomar medidas inmediatas, tales como implementar herramientas que controlen licenciamiento de software, informando cuál es legal y el tiempo de vencimiento del mismo.

En este mismo país la Superintendencia de Banca y Seguros también emitió la circular Nº 105, en el marco del Plan de Seguridad de la Información, dirigido a entidades financieras y gremiales, en el cual se hacía referencia a la implementación de políticas de seguridad, controles y procedimientos sobre la información que manejan y los activos con los que cuentan.